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LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE DETERMINAR CUANDO SE SIMULEN OPERACIONES FISCALES.

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En días pasados se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el criterio emitido por un Tribunal Colegiado de Circuito, en el que se establece que, la facultad para que la autoridad Fiscal declare la inexistencia de operaciones, puede materializarse dentro del desarrollo de las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF), o bien, mediante la presuntiva consignada en el artículo 69-B del mismo ordenamiento.

 

La facultad que el primero de los artículos (42 CFF) mencionados confiere a las autoridades fiscales para verificar que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones tributarias, incluye la de realizar los actos necesarios para revisar si las operaciones que éstos hicieron constar en los documentos que integran su contabilidad en realidad se efectuaron, y si concluye en sentido negativo, ello producirá, necesariamente, la declaración de inexistencia relativa y los comprobantes fiscales carecerán de valor probatorio para efectos fiscales.

 

Lo anterior quiere decir que,

en caso de ser declarada una operación fiscal como inexistente y sus comprobantes carecer de valor, no podrán tomarse en cuenta y deberán rechazarse para hacer procedentes las deducciones, además de configurarse posibles delitos en materia fiscal.

 

En cambio, las consecuencias que produce la declaración definitiva de inexistencia de operaciones, tratándose del procedimiento especial regulado en el segundo de dichos artículos (69-B CFF), – cuyo propósito es reducir el número de fraudes fiscales realizados mediante el tráfico o la falsificación de comprobantes fiscales -, son distintas, desde la consideración, para efectos generales, de que las operaciones amparadas por aquéllos no producirán efecto fiscal alguno, hasta la estimación de que se trata de actos simulados constitutivos de delito (artículos 111 y 111 Bis del Código Fiscal de la Federación).

 

De lo anterior se advierte que el objeto y las consecuencias de la declaración de inexistencia de operaciones dependen de la facultad de comprobación que la autoridad fiscalizadora haya optado por ejercer y, por ende, válidamente puede derivar del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 citado, ya que el diverso artículo 69-B no limita el uso de las atribuciones previstas en aquél.

 

Aunque a día de hoy, no existe ningún criterio definido en este tema (Jurisprudencia), la mayoría de los criterios emitidos por diversos Tribunales Federales, se dirigen en el sentido de que basta la facultad de comprobación de la autoridad fiscal para declarar operaciones fiscales como inexistentes, aunque existen criterios en oposición que establecen que, para que se considere inexistente una operación, aún dentro del ejercicio de facultades de comprobación, se debe agotar previamente el procedimiento establecido en el artículo 69-B, en el que se haya considerado en definitiva como Entidad Facturadora de Operaciones Simuladas (EFOS) o Entidad Deductora de Operaciones Simuladas (EDOS), al emisor del comprobante fiscal.

 

FJAG.

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