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El matrimonio igualitario

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el matrimonio es un acto jurídico, y como tal, su finalidad no puede reducirse a la procreación, su motivación tiene una mayor trascendencia, basada en la identificación personal y la solidaridad mutua entre dos personas adultas que libre y voluntariamente deciden emprender un proyecto de vida común, formalizándolo con la celebración de un convenio de voluntades conforme a la ley y generando consecuencias jurídicas. Por tal efecto, el Ejecutivo Federal, presentó el 17 de mayo una iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional, para reconocer el derecho de toda persona mayor de edad para contraer matrimonio sin discriminación alguna (reformas aún en estudio del constituyente, ya que las últimas reformas aprobadas en nuestra Carta Magna fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017).

Bajo dicha tesitura, y en relación a dicha reforma, César Flores Mancilla, Asesor de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, escribió el siguiente artículo en materia de Derechos Humanos, el cual tiene como base algunos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la autonomía del individuo para decidir lo que más le convenga, protegiéndolo de estereotipos, perjuicios, ideologías o dogmas. Personas diversas pero con los mismos derechos, diferentes pero iguales ante la ley:

IGUALDAD Y DIVERSIDAD

“La batalla cultural contra la intolerancia es uno de los hechos fundamentales del proceso civilizatorio del país.” CARLOS MONSIVÁIS, Los espacios marginales.

El pasado 17 de mayo en el Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la presentación de una iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional para reconocer el derecho de toda persona mayor de edad para contraer matrimonio sin discriminación alguna.

Entre las motivaciones de la iniciativa está la necesidad de reconocer algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

  1. La tesis aislada P. XXI/2011, 9ª época, aprobada por el Pleno el 4 de julio de 2011, vinculada a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 2/2010, bajo el rubro: MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER;
  2. La tesis de jurisprudencia 1ª 43/2015, 10ª época, aprobada por la Primera Sala el 3 de junio de 2015, bajo el rubro: MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL, y;
  3. La tesis de jurisprudencia 1ª 85/2015, 10ª época, aprobada por la Primera Sala el 25 de noviembre de 2015, bajo el rubro: MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

La tesis 43/2015 (10ª) fue producto de sentencias dictadas en juicios de amparo en revisión, donde se resolvió sobre la inconstitucionalidad de artículos de leyes locales de Baja California, Sinaloa, el Estado de México y Colima que no reconocían el matrimonio igualitario. Dicha jurisprudencia determinó que “considerar que la finalidad el matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales.”

Esta tesis fue publicada el viernes 19 de junio de 2015 y su aplicación inició a partir del lunes 22 siguiente, días antes de la resolución del 26 de junio de 2015 de la Suprema Corte de los Estados Unidos que declaró la inconstitucionalidad de las leyes estatales que prohibían el matrimonio igualitario.

Por su parte, la tesis 85/2015 (10ª) se originó a través de resoluciones de juicios de amparo en revisión en contra de disposiciones en materia civil de Oaxaca y Sinaloa que definían al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer con fines reproductivos. La Suprema Corte reiteró que “las definiciones legales de matrimonio que contengan a la procreación como finalidad de éste, vulneran los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1º de la Constitución, al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha institución, toda vez que no está directamente conectada con dicha finalidad. […], la Constitución protege a la familia como realidad social, es decir todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos.”

La iniciativa presidencial y la jurisprudencia dictada por nuestro Máximo Tribunal reconocen derechos a favor de un sector marginado y discriminado. Su lucha se equipara a otros sectores, como mujeres, indígenas, personas con discapacidad que a lo largo de la historia han cobrado visibilidad, reivindicaron su identidad y conquistaron el reconocimiento de sus derechos. Este reconocimiento no afecta los derechos de otros, al contrario, con una visión progresiva y garantista se amplían y tutelan a favor de otras personas en un plano de igualdad.

También es un acto de libertad que reconoce la autonomía del individuo para decidir lo que más le convenga; lo protege de estereotipos, prejuicios, ideologías o dogmas; y respeta su voluntad para asumir su identidad sin ser discriminado o disminuido en sus derechos, integridad y dignidad humana. En las sociedades democráticas nadie puede imponer un modo de ser, pensar o vivir. Son decisiones que sólo competen al individuo sin afectar los derechos de terceros o el orden público.

El matrimonio es un acto jurídico y su finalidad no se reduce a la procreación, su motivación tiene una mayor trascendencia basada en la identificación personal y la solidaridad mutua entre dos personas adultas que libre y voluntariamente deciden emprender un proyecto de vida común, formalizándolo conforme a la ley y generando consecuencias jurídicas.

El 30 de junio de 2005 día en que España aprobó el matrimonio igualitario, José Luis Rodríguez Zapatero, entonces Jefe de Gobierno, afirmó ante el Congreso de los Diputados:

“Estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros…

Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida… Soy consciente de que algunas personas e instituciones están en profundo desacuerdo con este cambio legal. Deseo expresarles que, como otras reformas que la precedieron, esta ley no engendrará ningún mal, que su única consecuencia será el ahorro de sufrimiento inútil de seres humanos. Y una sociedad que ahorra sufrimiento inútil a sus miembros es una sociedad mejor.”

Lo realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar la Constitución y promover los derechos humanos, demuestra la capacidad de transformación social que tienen las normas jurídicas y sus operadores reconociendo la dignidad de todas las personas. Diversas pero con los mismos derechos, diferentes pero iguales ante la ley.

FJAG.

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