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INCONSTITUCIONAL QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ACCEDA A LA INFORMACIÓN BANCARIA SIN ORDEN JUDICIAL.

preso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decreto que si con motivo de la averiguación penal, el Ministerio Público solicita información confidencial de las cuentas bancarias de las personas materia de una investigación sin autorización expresa del Juez, lo anterior en términos del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece como excepción la obligación de dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones cuando lo solicite la autoridad ministerial, es inconstitucional.

 

Lo anterior toda vez que del contenido del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho fundamental de seguridad jurídica que tienen los individuos, consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado.

 

Si bien, dicho artículo no prevé expresamente el reconocimiento que tienen las personas respecto del derecho a su vida privada, sí incluye ciertas protecciones aisladas relacionadas a la vida privada, siendo una de ellas, la inviolabilidad del domicilio, que tiene como finalidad principal el respeto a un ámbito de la vida privada que, por regla general, debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la propia constitución establece para las autoridades.

 

Ahora bien, en relación con el derecho a la privacidad para fines de investigación penal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, admite la práctica de diligencias previa autorización judicial para recaudar información privada del indiciado o procesado. Al respecto, en su artículo 21, se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público; sin embargo, dicha medida está limitada bajo el principio de control judicial, es decir, la autoridad judicial determinará de manera excepcional los límites y eventos en que podrá actuar, como el arraigo, en tratándose de delitos de delincuencia organizada, la orden de cateo y/o la intervención de comunicaciones privadas, sin que ésta se otorgue cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor .

 

El legislador ha establecido que cuando implique vulneración a la privacidad de las personas en la etapa de investigación penal, debe existir un control judicial en forma acelerada y ágil, sin que ello permita se deje de fundar y motivar la intervención de la autoridad para la obtención de información, esto es, si el Ministerio Público en el ejercicio de su función investigadora se enfrenta a medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, necesariamente debe obtener la autorización del juez respectivo, es decir, someterlas al control de la autoridad judicial.

 

En efecto, la autorización judicial, como ya se dijo, se erige en un presupuesto indispensable para legitimar las intervenciones a los derechos fundamentales y, en particular, las medidas que impliquen injerencia en el derecho a la intimidad personal, como es el acceso a información confidencial referida al indiciado o imputado para la comprobación del cuerpo del delito o responsabilidad penal.

 

De ahí que, tratándose del ejercicio legítimo de la actividad investigadora del Estado, ésta no puede quedar librada a la voluntad de los investigadores, sino cuando existan motivos fundados para requerir información personal que repose en datos relacionados con las personas imputadas o indiciadas, solo podrá ser obtenida mediante autorización previa del juez competente, quien deberá ajustarse a las directrices que sobre medidas de investigación se prevén constitucionalmente bajo el debido respeto de los derechos fundamentales.

 

Así, el acceso a la información bancaria por parte del Ministerio Público implica que tenga la potencialidad de afectación del derecho a la autodeterminación de la persona, quien como titular de los datos personales sería la única legitimada para autorizar su circulación, o bien, que sea mediante un control judicial debidamente fundado y motivado.

 

 

FJAG.

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