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LA PROCREACIÓN DE UN HIJO EN COMUN, GENERA PRESUNCIÓN DE CONCUBINATO EN LOS PADRES.

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Conforme ha determinado recientemente nuestro órgano Judicial Supremo,

la mujer que demuestra la procreación en común de un hijo o hija con el demandado, genera un fuerte indicio de la existencia de la relación familiar –concubinato– y consecuentemente acceso a los derechos generados por el mismo,

lo que obliga al juez a recabar de oficio el material probatorio necesario para dilucidar su existencia.

Cuando una mujer demanda el pago de alimentos por propio derecho y en representación de su menor hijo(a), bajo el argumento de dedicarse a las labores del hogar y al cuidado del(a) infante durante el tiempo que duró su unión de concubinato con el demandado, genera la presunción de existencia de concubinato, si así lo hace valer la demandante.

Lo anterior, porque en la contradicción de tesis 423/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió que de los artículos 225 y 226 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave resultaba evidente la potestad legal con que cuenta todo juzgador para allegarse, oficiosamente en ejercicio de sus funciones, de los elementos de convicción que estime necesarios para conocer la verdad sobre los puntos litigiosos, que deberá dirimir en la sentencia; que ello adquiría relevancia en materia familiar cuando están involucrados intereses de menores, donde la facultad se convierte en obligación.

De este modo, resulta evidente que en el proceso ordinario civil, la persona juzgadora cuenta con la facultad para allegarse oficiosamente de las pruebas que estime necesarias para la resolución de un conflicto en concreto, pero cuando éste deriva de la materia familiar esa facultad se convierte en una obligación, ello en operatividad del principio inquisitivo y en cumplimiento del deber de protección a la familia.

En ese sentido, toda vez que la familia es sujeto de una protección reforzada por parte del Estado y que no siempre se cuenta con documentales directas de la existencia de la relación familiar, en los juicios en donde exista controversia sobre dicha relación, pero en autos existan indicios de su existencia, la persona juzgadora tiene la obligación constitucional de recopilar, oficiosamente, durante la fase instructiva del proceso, las pruebas que sean necesarias para el esclarecimiento de la existencia de la relación familiar.

Puesto que, la obligación de recopilación probatoria se torna crítica cuando se encuentra de por medio la subsistencia de los miembros de la familia, ya que el derecho a recibir alimentos, a su vez, es de orden público e interés social, por lo que cuando en un juicio ordinario civil, la persona juzgadora advierta del expediente, algún dato que le permita suponer la existencia del estado de necesidad o de la relación familiar de hecho, debe actuar de oficio y recabar las pruebas que le permitan analizar la existencia del derecho alimentario (de donde se encuentra la determinación del vínculo familiar) y, en su caso, resolver la controversia con base en la realidad objetiva.

De este modo, si bien la procreación de un hijo o hija en común por los litigantes resulta insuficiente para tener por demostrada la relación familiar -concubinato- al amparo de la cual solicitar el derecho alimentario, porque la procreación de un menor de edad puede derivar de causas biológicas más que por la voluntad de conformar una familia, con lo cual ese solo hecho no da cuenta en sí mismo de la existencia de una relación sociológica de procuración de cariño, ayuda, lealtad, solidaridad, estabilidad continuada y/o convivencia; no obstante, se considera que la procreación de un hijo o hija en común es un elemento que genera un fuerte indicio de la existencia familiar.

Por ello, en los casos en que la mujer (mayor a quince años) que busca demostrar el concubinato o amancebamiento, pruebe la procreación común de hijos o hijas, pero no alguna otra circunstancia que denote la relación familiar, actualiza el deber de la persona juzgadora de recabar pruebas en forma oficiosa en toda su amplitud, para esclarecer la veracidad de la relación familiar.

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