LA SUCESIÓN AGRARIA.

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Conforme la Ley Agraria, sólo son susceptibles de transmitirse por herencia los derechos agrarios legalmente reconocidos, es decir, los que pertenecen a quienes sean titulares de derechos ejidales, lo cual se acredita con los respectivos certificados de derechos agrarios, parcelario o de derechos comunes, expedidos por autoridad competente, o con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario.

 

Para entender mejor lo anterior, cabe aclarar que únicamente son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.

 

La calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, con el certificado parcelario o de derechos comunes, o con la sentencia o resolución del Tribunal Agrario.

 

El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los derechos inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al que deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, para lo cual podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

 

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

 

Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los herederos señalados en la lista pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el orden que el artículo 18 de la referida Ley Agraria establece, es decir se transmitirán los derechos sucesorios agrarios de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

  1. Al cónyuge;
  2. A la concubina o concubinario;
  3. A uno de los hijos del ejidatario;
  4. A uno de sus ascendientes; y
  5. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

 

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, al fallecimiento del ejidatario si resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

 

Cuando no se haya designación de herederos y las personas existentes tengan el mismo derecho y no se pongan de acuerdo con quien será el titular de los derechos ejidales, podrán concurrir ante el Tribunal Agrario a hacer valer su derecho, quien será el que determine quién es la persona con el mejor derecho sobre la herencia.

 

En caso de que no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal

 

 

FJAG.

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