WeCreativez WhatsApp Support
Abogados disponibles
Hola, ¿En que podemos ayudarte?

LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN JUICIO DE AMPARO.

334b35766_normal_noticia

La Ley de Amparo marca como autoridad responsable a toda aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a dicho acto o situación, se le llama “acto reclamado”.   Mediante el juicio de Amparo, la parte que se sienta afectada por un acto de autoridad (o de un particular que actué como autoridad), puede acudir a los Jueces y Magistrados Federales, a solicitar que se le conceda la Protección respecto de dicho acto que le causa agravió, así mismo, para efectos de que no se ejecute dicho acto durante el tiempo que dure el trámite del amparo, puede otorgarse la Suspensión del Acto Reclamado, ésta, a solicitud del quejoso o bien de oficio, el Juez de Distrito o en su caso los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, con la cual el federal ordena a la autoridad  responsable mantener las cosas en el estado que guardaban al interponerse la demanda de Amparo, con el propósito de que se preserve la materia del Juicio y el acto no quede irreparablemente consumado durante el Juicio en perjuicio del quejoso.   La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.   La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de:

  • Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

 

  • La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

 

  • Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

No serán objeto de suspensión, las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, así como contra las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva).   Con excepción de los casos en que proceda de oficio, así como los descritos en el párrafo que antecede, la suspensión se decretará, en todas las materias siempre que concurran los requisitos siguientes:

  1. Que la solicite el quejoso; y
  2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

La Suspensión del acto Reclamado se ha de tramitar mediante incidente de manera paralela al juicio de Amparo, por separado y por duplicado.   La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.   LA FIANZA COMO REQUISITO PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.   El requisito de fianza en materia de Amparo se basa en la disposición contenida en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de la República, la cual dispone que:   Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes.”   En relación con este precepto, el artículo 132 de la Ley de Amparo dispone:   “En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.”   Entonces pues, como se ha dicho, cuando el amparo se interponga contra sentencia definitiva, dictada en juicios penales o civiles, la autoridad responsable de no haber impedimento legal alguno, suspenderá la ejecución de la sentencia, tan pronto como el quejoso le denuncie, bajo protesta de decir verdad, haber promovido el amparo, dentro del término que se fija para interponer este Juicio constitucional, debiendo además como ya se dijo, para ordenar la suspensión, que el quejoso exhiba fianza que se fije para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaren con el trámite del amparo y la dilación de la ejecución del auto contra el cual se impone, garantía que de no tener conocimiento la autoridad Federal del monto al que puede ascender el daño, se podrá fijar de manera discrecional, pudiéndose modificar ésta una vez que se tenga conocimiento del monto o suerte principal del juicio de origen.     FJAG.

Port Relacionados

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

error: ¡Este contenido no puede ser copiado!