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LOS BIENES DEL CÓNYUGE SIRVEN DE PAGO COMO INDEMNIZACIÓN POR VIOLENCIA FAMILIAR.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, decretó que los actos que configuren violencia familiar constituyen un hecho ilícito, pues su realización transgrede normas de orden público establecidas a nivel constitucional e internacional, por tanto, puede tener consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales –como el daño moral–, las cuales deben repararse de forma justa y acorde con la entidad de la afectación.

 

En los casos de violencia familiar, el daño moral se actualiza por la gama de sufrimientos y dolores físicos o psíquicos que haya padecido o continúe padeciendo la persona afectada, a consecuencia de las conductas llevadas a cabo por el generador de violencia, mientras que el daño patrimonial se genera por todos aquellos costos económicos que tuvo que asumir la afectada derivados del actuar o negligencia del agresor, además de que dicho daño tiene consecuencias que pueden ser presentes o futuras.

 

Aunque debe probarse que las afectaciones patrimoniales y extrapatrimoniales son consecuencia del hecho ilícito que se demandan. En el caso de violencia intrafamiliar, debe demostrarse que los daños que resintió la víctima o resentirá la víctima y los costos que asumió o asumirá en el futuro, derivan de la violencia doméstica que realizó el agresor.

 

Por tanto, la Corte refirió los parámetros para fijar la indemnización derivada del daño moral: el tipo de derecho o interés lesionado, el nivel de gravedad del daño, los gastos devengados o por devengar derivados del daño moral, el grado de responsabilidad del responsable, y la capacidad económica de este último.

 

Como antecedente, una mujer demandó de su ex-pareja el divorcio, la compensación del 50% de los bienes y el pago de una justa indemnización derivada de la violencia intrafamiliar que sufrieron tanto ella como su hijo, siendo que los tribunales declararon procedentes las prestaciones; sin embargo, si bien se determinó que había suficientes indicios para considerar que se actualizó la situación de violencia intrafamiliar, se consideró que no existía una base jurídica para emitir una condena económica. Inconforme con dicha determinación, la afectada y su hijo interpusieron un recurso de revisión ante el Alto Tribunal, determinándose como procedente la indemnización por daño moral derivada de la violencia intrafamiliar reclamada.

 

Lo anterior, toda vez que se determinó que la justa indemnización constituye un derecho humano que rige en las relaciones entre particulares y que las normas que establecen fórmulas fijas de indemnización, son inconstitucionales.

 

Para exigir una justa indemnización deben acreditarse diversos supuestos: la existencia de un hecho ilícito, un daño patrimonial o extrapatrimonial y el nexo causal entre ese hecho ilícito y el daño.

 

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FJAG.

 

 

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