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Los incidentes en materia laboral

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Tal como ocurre con los accidentes que se pueden entender según la Real Academia Española como “un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas” los incidentes son sucesos o cuestiones llamémosle accesorias que pueden estar o no relacionadas con un mismo hecho. La RAE señala que la palabra incidente significa “Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con él alguna conexión.”

En el derecho procesal laboral los incidentes han sido definidos por Nestor De Buen como: “cuestión anormal: la alteración procesal que consiste en la originacion de cuestiones que no pertenecen al tema lógico normalmente establecido.”

Resulta claro que se trata de cuestiones que pueden ser relativamente independientes al fondo del asunto o de la controversia principal pero que sin duda tienen relación con el procedimiento. En materia laboral encontramos que la Ley Federal del trabajo estableció algunas disposiciones en relación a las incidencias que pudieran producirse, ordenando en el numeral 761 que: “se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley.”

Es necesario apuntar que esta ley como otras nomina en su artículo 762 algunos incidentes que establece serán de previo y especial pronunciamiento como son: “I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas.” Sobre los cuales norma en los artículos: 761 a 760 del citado cuerpo legal las bases generales para su operación; incidentes que por su cotidianidad no requieren una explicación abundante. Sin embargo existen incidentes que no tienen una tramitación especial pero que pueden ocurrir en cualquier ámbito de las controversias competencia de las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o en el caso de nuestra Entidad Federativa el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz según sea el caso, como son: los relativos a caducidad (art. 773 LFT, ) Liquidación (art. 843 LFT), insumisión al arbitraje (art. 927 LFT) negativa de acatamiento de laudo (art. 927 LFT), tachas, (art. 778 LFT) sustitución procesal, (774 LFT) reposición de autos (art. 725 LFT), entre otros.

Cabe señalar que aun cuando la caducidad no se encuentra dentro de los incidentes que establece la ley como de previo y especial pronunciamiento se considera que este por su naturaleza tiene efectos similares al especial pronunciamiento porque según lo dispone el artículo 773: “La Junta, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento”, en ese sentido si no es posible continuar el procedimiento deberá, obviamente, agotar primero dicha incidencia como consecuencia de la falta de promoción, a menos que como lo apunta dicha disposición: “se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior” (772 LFT) y por ello “No se considerará que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento.” Se considera que también es de previo pronunciamiento por que dicha ley señala que para efectos se aperturará un incidente en el que “…la Junta citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución.” De dichos preceptos legales puede concluirse que la manera en la que se pueden ofrecer y recibir las pruebas a que se refiere el artículo en comento es la vía incidental.

A diferencia de la Ley Federal del Trabajo, en el ámbito burocrático federal, su legislación estableció en su artículo 140 que: “se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona que no haga promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término, declarará la caducidad.” De lo anterior podemos advertir que la declaración de caducidad puede operar incluso oficiosamente por lo que no requiere de un incidente para pronunciarse al respecto, lo cual consideramos erróneo pues deja en estado de indefensión a la persona en cuya contra se declare.

Otro de los incidentes a que nos referimos aquí es el incidente relativo a la liquidación del laudo, este tiene por objeto determinar las cantidades precisas que serán cubiertas con motivo de una condena, pero además según ha estimado el Segundo Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Séptimo Circuito en la tesis visible bajo el rubro: “INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU APERTURA NO SÓLO PARA DETERMINAR LAS CONDENAS DE CARÁCTER ECONÓMICO, SINO TAMBIÉN PARA RECABAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CASO EN EL QUE SE DESCONOCE EL ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL QUE DEBE ESTAR INSCRITO EL TRABAJADOR EN EL ESTADO DE VERACRUZ).” Determino en el cuerpo de dicho criterio que: “Cuando el tribunal burocrático…condena a la entidad pública demandada a inscribir al actor en forma retroactiva ante el organismo de seguridad social con quien tenga celebrado el convenio a que se refiere el artículo 30, fracción IV, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, con la finalidad de satisfacer las prestaciones de seguridad social reclamadas, así como cuantificar y direccionar el pago de las cuotas correspondientes, pero en autos no obre dicho convenio, a pesar de ser carga probatoria del patrón, y se desconozca con qué instituto de salud debe estar asegurado el trabajador; es legal que esa autoridad jurisdiccional determine la localización del documento de mérito” y por ello considera que: “también procede aperturar este incidente para allegarse de la documentación relacionada con el convenio que se traduce en una prestación de seguridad social, pues incide en hacer operante y ejecutable eficazmente el laudo, ya que es el único instrumento procesal válido con el que cuentan los tribunales laborales para cumplimentar sus fallos cuando no poseen elementos suficientes para hacer efectiva y completa la cosa juzgada..” de lo que se puede colegir que el objeto de dicha incidencia podría incluso no reducirse a la realización de cálculos y operaciones aritméticas sino precisamente desentrañar la procedencia o improcedencia de los montos que deban recaer a la condena.

Al encontrar una excepción al principio de estabilidad en el empleo, prevista por el artículo 123 Constitucional en la práctica y solo cuando se considera que no hay otra posibilidad sin que tenga que haber un allanamiento, se ha recurrido a la interposición de un incidente que se ha denominado Insumisión al arbitraje aun cuando en ocasiones algunos tribunales como el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Han considerado que no puede operar cuando se pretende el cumplimiento forzoso del contrato como se advierte de la tesis: “ARBITRAJE. INSUMISION AL. NO PROCEDE TRATANDOSE DE DESPIDO”, criterio que estableció en forma similar el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la tesis: INSUMISIÓN AL ARBITRAJE, LAS JUNTAS DEBEN ATENDER A LA LIMITANTE PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123 APARTADO A, FRACCIÓN XXII DE LA CONSTITUCIÓN. Finalmente los criterios dieron un giro y se admitió su tramitación precisamente cuando se trata de despido puesto que es ese el caso en que el patrón se libera de la obligación de reinstalar, siempre y cuando se demuestren los elementos de su procedencia que son los detallados en el artículo 49 de la LFT que señala que: “El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el servicio doméstico; y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales.”

En las mismas hipótesis puede proceder el Incidente de negativa de acatamiento al laudo la única diferencia es el momento procesal en el que se plantea como su nombre lo indica este se plantea aun cuando el laudo ya se encuentre dictado, siempre y cuando no se haya promovido el de insumisión al arbitraje, pues en caso de que se hubiese promovido el de insumisión y se hubiese declarado improcedente en ese caso aun cuando admitieran su sustanciación evidentemente resultaría improcedente; así lo determino la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis: Cabe mencionar que la posibilidad de plantear cualquiera de estos “INSUMISIÓN AL ARBITRAJE Y NEGATIVA A ACATAR EL LAUDO. NO PUEDEN HACERSE VALER SUCESIVAMENTE O COEXISTIR EN UN MISMO JUICIO.” dos incidentes únicamente se establece en la Ley Federal del Trabajo mas no en las leyes burocráticas, quizás la principal razón es que en tratándose de trabajadores de confianza estos se excluyen de la aplicación de ellas, y aunque en diversos juicios de trabajadores del estado se ha tratado de promover los tribunales los han desechado o declarado improcedente. Por su importancia tanto los incidentes de insumisión como el de negativa de acatamiento al laudo tienen singularidades que bien vale la pena analizar en un estudio separado.

Otros de los incidentes a que las leyes no hacen una referencia expresa es el incidente de tachas, y aquí vale la pena apuntar que hay quienes consideran que las tachas no requieren resolverse en la vía incidental ya que el artículo 818 de la LFT señala que: “Las objeciones o tachas a los testigos se formularán oralmente al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación posterior por la Junta” de lo anterior podría parecer que basta que se objete al testigo sin necesidad de mayor tramite, sin embargo el citado precepto legal continua señalando que “…Cuando se objetare de falso a un testigo, la Junta recibirá las pruebas en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 884 de esta Ley.” La cuestión respecto de ofrecer las pruebas de falsedad de un testigo en la audiencia a que refiere el artículo 884 es que crea una paradoja jurídica, ya que es posible que no se tengan pruebas respecto a un testigo que aún no se ha ofrecido, tan es así que el artículo 881 señala que “Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas.” de lo que se puede concluir que las pruebas a que se refiere el artículo 881 se ofrecerán en la vía incidental.

La sustitución procesal, al igual que los incidentes que señalábamos con anterioridad es otra incidencia que en la ley no está prevista textualmente y que por ende no tiene reglas específicas, sin embargo se puede entender del contenido del artículo 774 de la LFT que señala que: “En caso de muerte del trabajador, mientras tanto comparecen a juicio sus beneficiarios, la Junta hará la solicitud al Procurador de la Defensa del Trabajo, en los términos y para los efectos a que se refiere el artículo 772 de esta Ley.” Aun cuando no existe otra disposición que regule su procedencia o improcedencia, se estima que es la única forma en la que los beneficiarios podrían hacer valer el derecho de acceso a la justicia aun de su familiar que no puede continuar haciéndolo como consecuencia de su fallecimiento, por ello en la práctica se ha procurado que a los beneficiarios aun y cuando no se encuentren determinados no les pueda prescribir los derechos del juicio de origen hasta que se realice dicha declaración, tal como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito en la tesis: “SUSTITUCION PROCESAL POR MUERTE DEL ACTOR, INCIDENTE DE.” En el que señala que “En caso de muerte del actor, resulta inaplicable el término de la prescripción para quien promueve incidente de suspensión procesal con el objeto de que se cumplimente el incidente de liquidación…”

Respecto del incidente de reposición de autos en realidad basta con mencionar que el artículo 725 de la LFT dispone que: “En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el Secretario, previo informe del archivista, certificará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones… La Junta, de oficio o a petición de parte, lo hará del conocimiento de las partes; procederá a practicar las investigaciones del caso y a tramitar de inmediato la reposición de los autos, en forma incidental.” A diferencia de otros incidentes en este la Junta puede actuar oficiosamente conforme a las facultades que le confiere el artículo 726 de la LFT que a letra señala: “… la Junta señalará, dentro de las setenta y dos horas siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. La Junta podrá ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 724 de esta Ley.” Este incidente en realidad no debería tener razón de ser puesto que cualquier autoridad debe garantizar el debido resguardo de los autos que integran los expedientes y de los documentos que obran en su poder. No obstante si es hasta cierto punto común que suceda, quizá por la falta de infraestructura (insuficiente espacio o mobiliario o en malas condiciones) o quizás también por el personal (insuficiente hasta cierto punto también) o por su mala organización, sin embargo para evitar su frecuencia el Artículo 727 dispone que “La Junta, de oficio, hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente de la desaparición del expediente o actuación, acompañando copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo.” Vale la pena señalar que las juntas “rara vez” sino es que casi nunca dan vista a las autoridades correspondientes.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado si bien no nomina los incidentes que podrán sustanciarse, establece en su artículo 141 que: “Los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de sus representantes de la competencia del Tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones u otros motivos, serán resueltos de plano” de lo que podría advertirse que pueden admitirse los mismos que hemos mencionado con anterioridad. Sin embargo vale la pena apuntar que la ley burocrática a diferencia de su homóloga establece una incidencia solo prevista en ella que es el incidente de conclusión de los efectos del nombramiento y que encontramos en su artículo 46 que señala: “…el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento.”

Por su parte La Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establece en su artículo 208 que: “Los incidentes que se susciten se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley.” Así mismo el artículo 209 establece que: “Cuando se promueve un incidente, se sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes, debiendo continuarse el procedimiento de inmediato.” De lo anterior se colige que a diferencias de otras legislaciones no debe señalarse fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental sino sustanciarse en el mismo momento, lo cual en la práctica no siempre sucede así.

En síntesis, las anteriores situaciones pueden ocurrir en la tramitación de un juicio laboral y constituyen la mayoría de aquellas que aun dispersas se encuentran tuteladas por las legislaciones correspondientes, sin que ello signifique que se trate de todas pues hay algunas que incluso han surgido de la necesidad de resolver alguna particularidad, pero sobre todo del imaginario de quienes buscamos en la medida de lo posible soluciones legales a un problema.

FJAG.


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