NECESARIO EMITIR FACTURAS PARA DEMANDAR PAGO DE RENTAS EN INMUEBLES.

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El pasado 9 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación varias modificaciones en disposiciones en materia fiscal (miscelánea Fiscal), que conforman parte del llamado paquete económico 2020, entre las que se encuentran la expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020, además de diversas reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L. I.S.R.), la Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado (L.I.V.A.), la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (L.I.E.P.S.), y al Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor desde el primer día del presente 2020.

 

Dentro del paquete de reformas descritas, se busca que las personas que obtienen ingresos por concepto de arrendamiento de inmuebles, paguen las debidas contribuciones por estos ingresos que en muchas ocasiones no se reportan a las autoridades fiscales, ya que aunque actualmente en el caso de las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento, conforme a la L.I.S.R., deben efectuar pagos provisionales y su declaración anual, y en caso de obtener otros ingresos acumularlos y acreditar los pagos provisionales realizados, esto no acontece en muchos casos, toda vez que las personas físicas no cambian su situación fiscal o no reportan los ingresos por arrendamientos.

 

Con las Reformas Fiscales, la obligación de acumular los ingresos por arrendamiento se encuentra plenamente vinculada con la emisión del C.F.D.I. (comprobante fiscal digital por internet), ya que conforme la L.I.S.R. se causa el I.S.R. al momento de percibir ingresos por dicho concepto.

 

Entonces, conforme al Paquete Económico de 2020, se establece en la L.I.S.R. que

en las sentencias del orden civil en donde se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber expedido comprobantes fiscales digitales o C.F.D.I.y en el caso de que no se acredite la emisión, las autoridades judiciales deberán informar tal acontecimiento al Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.)

en un plazo de cinco días contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al arrendador, ya que el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que en México tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias.

 

De igual manera con las reformas a la L.I.V.A., específicamente en su artículo 33, se plantea además que en los juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que acredite haber expedido los C.F.D.I o comprobantes fiscales respectivos a dichos ingresos, y en caso de no haberlo hecho, la autoridad Judicial deberá informar a las autoridades fiscales en el mismo término que lo señalado por la L.IS.R.

 

El objetivo principal que tienen dichas reformas es combatir la evasión fiscal por la afectación tan severa que causa a la sociedad, sin embargo puede ser propicio a que los arrendadores dejen de prestar dicho servicio por el temor a las consecuencias de la evasión ante las autoridades fiscales.

 

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FJAG.

 

 

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