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PERDIDA DE “PATRIA POTESTAD” AL PADRE QUE INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CON SUS HIJOS MENORES DE EDAD.

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Conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, incluso, las legislativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, en atención al interés superior del menor, tienen la obligación de proveer lo necesario para respetar la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, pues conforme el principio pro persona establecido en al artículo 1o. constitucional, se debe procurar la protección reforzada en los derechos e intereses de los menores.

 

A lo anterior, además, sirven de apoyo los artículos 2, fracción III, segundo párrafo, 6, fracciones I, VI, IX y XII, 13, fracciones I, VII y IX, 15, 43 y 50, fracción XVI, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con los cuales, debe asegurarse el ejercicio de los derechos de la niñez, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad. Entre esos derechos, se encuentran:

 

a) El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

b) La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades para tutelar el ejercicio de los derechos de la infancia;

c) El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; y,

d) El derecho a la protección de la salud.

 

Ahora bien, de la interpretación armónica de las disposiciones legales señaladas, se concluye que tanto el Estado como los miembros de la familia están obligados a generar las condiciones óptimas para que los niños y niñas puedan tener un crecimiento saludable y armonioso, en el ámbito físico y mental, dentro de lo que se encuentra el bienestar psico-emocional. Así pues, el abandono de deberes que implique que se pueda comprometer la salud de los hijos, consistente dicha acción de abandono, en que el padre o madre, de forma voluntaria deje solo a su hijo; o sin justificación, se aleja de él y, con su proceder descuida totalmente su obligación de propiciar el crecimiento saludable y armonioso, tanto en el ámbito físico, como en el psico-emocional del menor, en este sentido, basta con que el Juez verifique en el caso concreto que, efectivamente, el progenitor en cuestión haya incumplido sus deberes sin que exista una causa justificada para ello, para que pueda decretar la PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que ejerce sobre el menor, ello en atención al interés superior de la niñez.

 

Con lo anterior se protege el derecho al sano desarrollo integral, a vivir en condiciones de bienestar y a la salud de la infancia, dentro de lo cual se encuentra inmerso no sólo, en términos estrictos, el derecho de acceso a la salud, sino que éste sea protegido para lograr un desarrollo en las más óptimas condiciones para propiciar un crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como psico-emocional para los niños y niñas.

 

 

FJAG.

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