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PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD YA PUEDE EXCUSARSE DE PRESTAR SUS SERVICIOS.

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El día 11 de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, entró en vigor la última reforma vigente en la Ley General de Salud (Ley de carácter Federal), que permitirá al personal de salud excusarse de prestar los servicios de salud mediante la invocación de una “objeción de conciencia”, lo anterior al adicionándose a dicho cuerpo normativo el artículo 10 Bis, que dispone lo siguiente:

 

…” El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.” …

 

Pero en sí, ¿qué es “La objeción de conciencia” ?, es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales.

 

Esta reforma se da, conforme la exposición de motivos del Grupo Parlamentario que la propuso (P.E.S.), en vista de los múltiples casos en los que se han visto envuelto el personal médico pro presuntas responsabilidades médicas (tanto administrativas como penales), siendo que, aunque el ejercicio de la profesión médica y el de todas las relacionadas con las ciencias de la salud constituye un elemento esencial para garantizar el derecho humano a la salud de todos los mexicanos consagrado en nuestra Constitución, los servidores públicos del gobierno federal que hacen posible la prestación de los servicios públicos y la operación de las distintas acciones y programas gubernamentales que permiten la satisfacción de un gran número de necesidades y que permiten nuestra existencia como nación, deben, como todos los ciudadanos, gozar del ejercicio de todos sus derechos humanos dentro de un marco jurídico que les garantice la seguridad jurídica y de sus derechos laborales en todas las circunstancias y casos en los que por la práctica de su trabajo se enfrenten a situaciones que pongan en riesgo sus valores éticos, y consecuentemente enfrenten posibles denuncias por responsabilidades médicas.

 

En vista de lo anterior, la reforma a la Ley General de Salud reconoce el derecho a la objeción de conciencia, prerrogativa protegida por los principales convenios o pactos internacionales de derechos humanos.

 

La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque –a veces dramático- entre la norma legal que obliga un hacer y la norma ética y moral que se opone a esa actuación. En caso así, el objetor de conciencia se decanta por la negativa a lo establecido en la norma jurídica, atendiendo lo que considera un deber de conciencia.

 

Es entonces que el personal de salud puede hacer uso de la objeción de conciencia, por ejemplo, en los casos “que corresponda practicar la interrupción del embarazo” (aborto) si el personal médico manifiesta que esto atenta contra sus principios morales, pero, siempre y cuando dicha interrupción de embarazo no sea urgente para salvaguardar la salud o la vida de la mujer.

 

En dichos casos, en estados como CDMX (antes D.F.) la legislación local obliga a las instituciones de salud a contar con “personal no objetor” de manera permanente (artículo 59 de la Ley de salud del Distrito Federal).

 

Otro caso en el cual podría invocarse la objeción de conciencia es, en la práctica de la” “eutanasia” o “suicidio asistido” (regulado por la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal en su artículo 42), por la que se reconoce el derecho de objeción de conciencia al personal de salud para que se le permita abstenerse de intervenir en la atención de pacientes terminales, en los casos que estos le soliciten auxilio para dar por terminada de manera anticipada con su vida, si esto está en contra de sus principios morales.

 

Ahora bien, conforme la reforma citada, una vez que se publicó en el D.O.F. se le concede al Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, el término de 180 días naturales a efecto de que realicen las modificaciones legislativas conforme para regular la “objeción de conciencia” y los casos en que pueda ser ejercida por el personal médico, así como los procedimientos a seguir en dichos casos.

 

FJAG.

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