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SI EL INMUEBLE ADQUIRIDO NO ES EXACTAMENTE COMO EL DESCRITO EN EL CONTRATO, SE PUEDE ANULAR EL CONTRATO.

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Es factible solicitar la nulidad de un contrato de promesa de compraventa respecto de un inmueble que no cuente con las características acordadas en el contrato, ya sean estructurales o meramente estéticas.

 

Para ello, hay que acudir ante instancias jurisdiccionales, y promover la acción de nulidad del contrato argumentando la transgresión al derecho humano a una vivienda digna y decorosa. Históricamente, los juzgados de primera instancia han optado por determinar la improcedencia de la acción, argumentando que el inmueble no se encuentra dentro de las disposiciones constitucionales por no tratarse de una “vivienda popular”.

 

No obstante, lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al conocer del asunto, ha establecido que en la resolución reclamada el juez de primera instancia y en su caso el de la Sala que conozca de la Apelación, estos dan una interpretación restrictiva del artículo 4º constitucional, el cual establece el derecho a una vivienda digna y decorosa, pues éste no tiene por objeto limitar el derecho a la vivienda a un sector social, sino garantizar el disfrute de una vivienda adecuada. Puntualizó además la SCJN, que en las interpretaciones de los juzgados que resuelven como improcedente la acción reclamada, no toman en cuenta lo establecido por los tratados internacionales.

 

Reiteró la SCJN que, el derecho a una vivienda digna es un derecho social, dirigido a imponer al Estado el deber de satisfacer una necesidad colectiva, a desarrollar las políticas públicas que puedan dar lugar a que toda la población disfrute de una vivienda digna y decorosa. Además, tal y como se establece en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11, apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), este derecho es un derecho fundamental, inherente a la dignidad del ser humano y elemental para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales como el derecho a la salud.

 

Asimismo, determinó que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto restrictivo, si no que deberá considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en un lugar determinado y garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o acceso a recursos económicos.

 

La resolución, a su vez, apoya lo dispuesto por los diversos Comités de la ONU, la OMS y la OIT, donde se han establecido elementos básicos que deben tener las viviendas. De lo anterior, la SCJN concluyó que el derecho a la vivienda adecuada es:

 

  • Un derecho fundamental, el cual se debe garantizar a todas las personas; no puede limitarse solo a los titulares de una vivienda popular o a quienes carecen de ella.
  • Debe contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar: infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como, riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje, además se deberá brindar a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y que contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física.
  • Los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el PIDESC, así como, tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar el incumplimiento a dicho derecho, cuando las condiciones de las mismas no sean adecuadas o sean insalubres. Sin embargo, la obligación de implementar las medidas adecuadas para cumplir con la estrategia nacional de vivienda no es exclusiva de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva a los integrantes de los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario.

 

Por lo cual, si usted se vio afectado por una venta de un inmueble en la cual abusando de su buena fe se le entrego un inmueble con características distintas a las pactadas, acérquese a Bufete Jurídico Advocatius, donde nuestros especialistas realizaran las acciones necesarias tendientes a cuidar su patrimonio.

 

FJAG.

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