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¿QUÉ DELITOS PUEDEN COMETER LAS EMPRESAS Y QUIENES PUEDEN SER RESPONSABLES?

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Comenzaremos por definir para efectos de la ley que es una “Empresa”, en el derecho mexicano mejor denominadas como “PERSONAS MORALES”, las cuales conforme el artículo 25 del Código Civil Federal, son:

 

  1. La Nación, los Estados y los Municipios;
  2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;
  3.  Las sociedades civiles y mercantiles;
  4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;
  5. Las sociedades cooperativas y mutualistas;
  6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.
  7. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones.

 

Aunque todas las personas morales enumeradas tienen derechos y obligaciones y por ende pueden incurrir en responsabilidades, para efecto del presente artículo nos enfocaremos en las que son de carácter privado, es decir las enumeradas de las fracciones 3 a 7, a las cuales simplemente denominaremos “EMPRESAS”.

 

Conforme derecho todas las Empresas obran y se obligan por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos, dichos entes privados usualmente constituyen administración mediante un órgano de administración (consejo) o un administrador general único. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración, y en caso de estar constituidas en el extranjero, si efectúan operaciones en México, deben constituir un domicilio en nuestro país.

 

Conforme la legislación penal, podrán cometer por parte de la empresa cualquiera de las conductas tipificadas como delitos, aquel que tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona moral, durante el tiempo que labore con la misma. En los delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, también será responsable la empresa si alguno de los enumerados comete el ilícito dentro de los dos años siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos.

 

En caso de la comisión de algún delito imputable a la empresa, están obligados a reparar el daño los dueños de las empresas, así como sus socios (también podrán responder de manera subsidiaria los gerentes directores en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables).

 

Pero ¿en qué delitos puede ser participe una empresa?, conforme el artículo 11 Bis del Código Penal Federal (cuya última reforma se publicó el día 09 nueve de marzo del año 2018 en el D.O.F.), las empresas podrán intervenir en la comisión de los siguientes delitos:

 

A. De los previstos en el Código Penal Federal, en:

I. Terrorismo (artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quater);

II. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo (artículo 172 Bis);

III. Contra la salud (artículos 194 y 195);

IV. Corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo (artículo 201);

V. Tráfico de influencia (artículo 221);

VI. Cohecho (artículos 222, fracción II, y 222 bis);

VII. Falsificación y alteración de moneda (artículos 234, 236 y 237);

VIII. Contra el consumo y riqueza nacionales (artículo 254);

IX. Tráfico de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho (artículo 366 Ter);

X. Comercialización habitual de objetos robados (artículo 368 Ter);

XI. Robo de vehículos, posesión, comercio y tráfico de vehículos robados (artículos 376 Bis y 377);

XII. Fraude (artículo 388);

XIII. Encubrimiento (artículo 400);

XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 400 Bis);

XV. Contra el medio ambiente (artículos 414, 415, 416, 418, 419 y 420);

XVI. En materia de derechos de autor (artículo 424 Bis); deral, en:

 

B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos:

I. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis y 84, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

II. Tráfico de personas, previsto en el artículo 159, de la Ley de Migración;

III. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, de la Ley General de Salud;

IV. Trata de personas, previsto en los artículos 10 al 38 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;

V. Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

VI. De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11 y 15;

VII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación;

VIII. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, del Código Fiscal de la Federación;

IX. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223;

X. De la Ley de Instituciones de Crédito, los previstos en los artículos 111; 111 Bis; 112; 112 Bis; 112 Ter; 112 Quater; 112 Quintus; 113 Bis y 113 Bis 3;

XI. De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los previstos en los artículos 432, 433 y 434;

XII. De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, los previstos en los artículos 96; 97; 98; 99; 100 y 101;

XIII. De la Ley del Mercado de Valores, los previstos en los artículos 373; 374; 375; 376; 381; 382; 383 y 385;

XIV. De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los previstos en los artículos 103; 104 cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los trabajadores con motivo de su objeto, exceda de trescientos cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; 105; 106 y 107 Bis 1;

XV. De la Ley de Fondos de Inversión, los previstos en los artículos 88 y 90;

XVI. De la Ley de Uniones de Crédito, los previstos en los artículos 121; 122; 125; 126 y 128;

XVII. De la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los previstos en los artículos 110; 111; 112; 114 y 116;

XVIII. De la Ley de Ahorro y Crédito Popular, los previstos en los artículos 136 Bis 7; 137; 138; 140 y 142;

XIX. De la Ley de Concursos Mercantiles, los previstos en los artículos 117 y 271;

XX. Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de desvío para la fabricación de Armas Químicas;

XXI. Los previstos en los artículos 8, 9, 14, 15, 16 y 18 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y

XXII. En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable.

 

Las empresas por los delitos descritos podrán ser condenadas a:

 

a) Suspensión de actividades, por un plazo de entre seis meses a seis años.

b) Clausura de locales y establecimientos, por un plazo de entre seis meses a seis años.

c) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, por un plazo de entre seis meses a diez años.

d) Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, por un plazo de entre seis meses a seis años.

e) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores en un plazo de entre seis meses a seis años.

 

Cabe señalar que además de las penas descritas, las empresas (dueños y socios) responderán con su patrimonio por la reparación del daño causado con la comisión del delito respectivo, además de las penas que en lo particular se puedan imponer por la participación en el hecho punible por parte de las personas físicas.

 

Es importante señalar que, en todos los supuestos, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico.

 

En razón de lo anterior es importante que acuda con nosotros a Bufete Jurídico Advocatius, a efecto de efectuar un debido análisis de las estructuras internas de la empresa, y en caso de no contar con uno o ser este deficiente, estructurar un órgano de control interno y así evitar que su persona y patrimonio se vean afectados por el descuido e indebido control de sus subordinados, o en caso de ya estar siendo procesados por cualquiera de los delitos señalados, brindar una oportuna defensa.

 

FJAG.

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