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¿QUE HACER SI SE OBTUVO LA CONFESIÓN DE UN DELITO MEDIANTE COACCIÓN?

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El Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad de la ONU, establece que, conforme al derecho internacional, son considerados delitos graves la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud; en vista de lo anterior se creó el “PROTOCOLO DE ESTAMBUL”, que es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos, es decir, realizar una investigación psicosocial, puesto que cada caso es diferente.

 

Este Manual para la investigación y documentación de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, fue elaborado por más de 75 expertos representando a más de 40 organizaciones de 15 países, fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999 y fue adoptado en el año 2000.

 

El Protocolo de Estambul marca algunas directrices para su aplicación, cabe mencionar que estas no son rígidas o fijas, sino más bien están a consideración de las características del caso a evaluar. De dichas directrices destacan las siguientes:

 

  1. Información general del caso: fecha del examen, si existe algún tipo de restricción para su aplicación, si hay o no consentimiento de la persona para su aplicación.
  2. Calificación del clínico o los clínicos: se tendrá que mencionar la formación académica y la experiencia en la documentación de casos de tortura.
  3. Historia psicosocial previa a la detención: datos personales y familiares.
  4. Alegaciones de tortura y malos tratos: resumen de los hechos, mencionando los tortura; revisión de los métodos de tortura.
  5. Exploración física exhaustiva: cabeza, cara, oídos, nariz, garganta, ojos, cavidad oral y dientes, tórax y abdomen, sistema genitourinario, sistema musculoesquelético, Sistema nervioso central y periférico, etc. Para poder verificar el estado de salud de la persona se deben realizar diversos estudios clínicos especializados.
  6. Historia / exploración psicológica: en este apartado se incluyen todos los antecedentes psicológicos previos y posteriores a la tortura, examen del estado mental, el funcionamiento social, y todas las secuelas que deja el hecho traumático, etc.

datos de la detención, lugares, cronología, Narración de los malos tratos de

 

Ahora bien, consecuentemente de dichos lineamientos internacionales, en nuestro país, mediante decreto del Congreso de la Unión, en uso de las facultades otorgadas por la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimento al Acuerdo del Consejo Nacional de Procuración de Justicia, se creó el “PROTOCOLO HOMOLOGADO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA”.

 

Resulta entonces que cuando una persona que es señalada como imputada por la comisión de una conducta ilícita o delictiva (presunto delincuente) alega que la declaración que rindió ante las autoridades fue obtenida por medio de cualquier tipo de coacción, ya sea física o psicológica (tortura), el juzgador debe ordenar que se le apliquen los exámenes físicos y psíquicos necesarios para acreditar si existió dicha tortura, e inclusive ordenar dichos estudios si advierte que pudo haber existido dichos actos de tortura sin que lo pidan el imputado o su defensa.

 

Conforme el  propio Protocolo de Estambul, así como el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, los dictámenes a realizarse a los indiciados dentro de un proceso penal, en caso de decidir que deben realizarse estos, deben hacerse lo antes posible (el Protocolo de Estambul señala que sea antes de las seis semanas de haber ocurrido la tortura), a fin de registrar los daños y sufrimientos causados por la tortura en un tiempo cercano al evento, lo anterior puesto que si se hace tiempo después, posiblemente no se pueda evidenciar la tortura, ya que ésta aunque siempre deja secuelas; sin embargo, pueda ser que deje simples lesiones no perceptibles en lo psicológico y las físicas ya no resultarían evidentes.

 

Al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, ya que todas las pruebas obtenidas con motivo de la tortura en una investigación del orden criminal son ilícitas y deben ser descartadas en beneficio del reo.

 

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FJAG.

 

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