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QUE SON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y COMO ANULARLOS.

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De conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, todo acto de autoridad administrativa para que sea válido deberá contar con los elementos y requisitos marcados en el artículo 3 de dicha ley, y en caso de no contar con alguno de ellos, dicho acto podrá anularse.

 

Se entienden como autoridades administrativas todos los entes de la Administración Pública (Ayuntamientos y sus dependencias, Gobiernos de los Estados y sus dependencias, Gobierno de la Federación, así como entidades federales como SHCP, IMSS, ISSSTE, PROFEPA, PROFECO, SEDESOL, SER, SEP, SER, SEMARNAT, CONDUSEF, etc.) y como acto administrativo, los que cualquiera de estas autoridades emita con apego a las leyes de la materia, o en uso de sus atribuciones administrativas.

 

Los elementos y requisitos del acto administrativo son:

 

I.- Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

II.- Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;

III.- Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

IV.- Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

V.- Estar fundado y motivado;

 

VI.- Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en la Ley;

VII.- Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;

VIII.- Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;

IX.- Mencionar el órgano del cual emana;

X.- Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;

XI.- Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;

XII.- Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;

XIII.- Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y

XIV.- Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.

 

La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el Artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo.

 

La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a IX citadas con anterioridad, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo.

 

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos.

 

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere emitido u ordenado.

 

La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las Fracciones X a XIV, producirá la anulabilidad del acto administrativo.

 

El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad; y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de cumplirlo.

 

Se debe de tener en cuenta que el plazo para interponer un procedimiento de Nulidad ante un Tribunal Administrativo es de 15 días hábiles, contados a partir de que se tuvo conocimiento del acto, o fue debidamente notificado el mismo.

 

El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso

 

El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se considerará como si siempre hubiere sido válido.

 

En caso de que sea victima de un acto de autoridad administrativa que pueda perjudicar su persona o patrimonio, acuda con nosotros, en Bufete jurídico Advocatius siempre encontrara una solución a sus problemas legales.

 

FJAG.

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