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REFORMA CONSTITUCIONAL EN PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES MATERIA DE DELITOS.

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Como es bien conocido,  por disposición constitucional, el artículo 22 de nuestra carta Magna, establece que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; sin embargo, dicho numeral también enuncia que no será considerada como confiscación de bienes tratándose de los bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, bienes en caso de enriquecimiento ilícito, de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, o, de aquellos bienes que se declare la extinción de dominio en sentencia.

 

La extinción de dominio conforme el citado numeral, procedía respecto de los bienes materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, pudiendo ser aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, y aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada.

 

El procedimiento de extinción de dominio debería ser jurisdiccional (sin esclarecer la materia o vía) y autónomo del de materia penal.

 

Sin embargo, el pasado día 14 de Marzo del año en curso, se reformo el citado artículo 22 constitucional,  en el cual se dispuso que la acción de extinción de dominio será procedente sobre todos los bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

 

Dicha acción deberá ejercitarse por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal, procedimiento en el cual, las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función.

 

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FJAG.

 

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