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REGLAS PARA ACREDITAR EL DELITO DE DEJAR DE DAR ALIMENTOS.

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Conforme la mayoría de los Códigos Penales en México, la persona que sin motivo justificado incumpla con sus obligaciones alimenticias en favor de las personas con las que tenga ese deber legal, incurren en la comisión de un delito, el cual varía en su denominación de estado a estado, con penas que van desde multas, prisión y privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.

 

Ahora bien, mientras exista la obligación de ministrar alimentos a la persona que por decreto judicial tiene derecho a recibirlos, no existirá un plazo mínimo de incumplimiento total para que se actualice dicho delito, por lo que debe considerarse que éste existió de darse tal omisión por un plazo determinado.

 

Para efecto de acreditar el delito que se llegue a configurar por faltar a la obligación de dar alimentos, se debe atender a las circunstancias siguientes:

 

1) El activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia;

2) Carezca de motivo justificado para ello, y

3) En virtud de esa conducta, los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, entendida ésta desde el punto de vista del derecho alimentario.

 

En ese sentido, es indudable que para la configuración del tipo penal basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello es así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil o familiar, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo.

 

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FJAG.

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