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SE CREA LEY PARA REGULAR EL USO DE LA FUERZA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

policía

El pasado 27 de mayo del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA” (lo anterior en vista de la entrada en vigor de diversas normas entre ellas la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Registro de Detenciones y las reformas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), que tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública.

 

Cuando las autoridades señaladas realicen tareas de protección civil, y se requiera el uso de la fuerza, lo harán en los términos que dispone la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, regulando el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad que ejercen el uso de la fuerza, así como estableciendo las reglas para el control y administración del equipamiento oficial de los integrantes de las instituciones de seguridad, y el régimen de responsabilidades por su inobservancia.

 

El uso de la fuerza se regirá por los principios de:

  1. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor;
  2. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
  3. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar;
  4. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y
  5. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por dicha Ley.

 

Se privilegia que el uso de la fuerza se haga en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.

 

En esta ley se gradúa el impacto del uso de la fuerza en las personas en Persuasión, Restricción de desplazamiento, Sujeción, Inmovilización, Incapacitación, Lesión grave, y Muerte.

 

De igual manera en dicha ley se clasifican las amenazas letales inminentes, a efecto de que los cuerpos de seguridad puedan hacer uso de la fuerza, así como los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza deberán de utilizarse, atendiendo a la perspectiva de género, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la atención de situaciones de riesgo en el interior o en las inmediaciones de guarderías, escuelas, hospitales, templos, centros de reclusión y otros lugares en el que se congreguen personas ajenas a los agresores.

 

Las instituciones de seguridad deberán contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo; así como de las armas y equipo asignado a cada agente.

 

Las familias de los agentes contarán con atención médica, psicológica y social en aquellos casos en los que el agente pierda la vida, le sea imputado el uso excesivo de la fuerza o adquiera alguna discapacidad por el ejercicio de sus funciones, dando especial atención a sus familiares.

 

Las detenciones podrán ser registradas en medios audiovisuales que serán accesibles por los medios que establezcan las disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

 

De cada detención se llevará a cabo el registro e informe correspondiente, en términos de lo establecido por la ley en la materia.

 

Los agentes tienen derecho a responder a una agresión usando fuerza letal cuando esté en peligro inminente su integridad física con riesgo de muerte. Para calificar el hecho se deberán tomar en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar del operativo, así como la situación del agresor y su capacidad de resistencia.

 

Siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberán realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato, una copia de este se integrará al expediente del agente al mando del operativo y en lo conducente de cada uno de los participantes. Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que los agentes bajo su mando hayan empleado ilícitamente la fuerza, los instrumentos o armas de fuego a su cargo y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades correspondientes.

 

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FJAG.

 

 

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